mujeres la habana david garten 1280x480 - La inversión de cubanos residentes en el extranjero: ¿una invitación tardía?

La inversión de cubanos residentes en el extranjero: ¿una invitación tardía?

En las últimas horas se han observado interesantes intercambios en Internet acerca de si los cubanos residentes en el extranjero (CRE) pueden cambiar en Cuba. El gobierno aclara que la ley No 118 de inversión extranjera no los limita. También queda claro que los CRE han invertido sin penuria de acogerse a esa ley.

Por tanto, debe partirse de distinguir la efectividad: desde hace tiempo los cubanos no residentes invierten en Cuba. El emplazamiento más destacado que se le ha donado ahora en el discurso oficial a la principios de que los ciudadanos cubanos con residencia permanente en el extranjero no están limitados para cambiar es, sin dudas, una batalla de política pública que es bienvenida, pero, en algún sentido, pudiera ser entendida como una invitación que llega un poco tarde.

Aunque no existen datos precisos, se dispone de suficiente evidencia fragmentada para poder afirmar que una parte de las remesas familiares que se reciben en el país se destina a crear y ampliar actividades privadas y cooperativas que funcionan de guisa permitido.

Para los CRE que deseen cambiar en negocios en Cuba existen diversas maneras de asociarse con residentes (familiares, amigos, o simplemente socios) para alterar remesas en inversión. A esos cubanos no residentes no se les reconoce como inversionistas, pero eso es lo que son. Como siquiera se reconoce la existencia de empresa privada doméstico, y esta incluso existe.

Los datos oficiales sobre el trabajo por cuenta propia (TCP) parecen indicar que hay cuatro categorías que, de conjunto, abarcan el 49% de las actividades TCP, y que son particularmente propicias para hacer funcionar la conversión de remesas en  inversión: alimento (paladares, cafeterías, vendedores ambulantes), con el nueve por ciento; el transporte de carga y pasajeros (ocho por ciento); el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (seis por ciento); y los trabajadores contratados (26 por ciento), en lo fundamental asociados a las actividades de alimento y transporte.

El sector privado doméstico no puede cobrar hoy legalmente la inversión de CRE -que estipula la ley 118- porque todavía no se le reconoce el carácter de personalidad jurídica a las entidades privadas, a pesar de que la nueva Constitución las incluye. Se ha dicho que habría que esperar a que se reconozcan esas formas de diligencia no estatal como personas jurídicas para poder encauzar las inversiones CRE en el sector privado doméstico.

Pero si poco se sabe del sector privado doméstico es que no se ha cruzado de brazos y que ha recibido inversión de los CRE desde hace ya algún tiempo, sin tener que reconocer del ritmo de la burocracia estatal. La inversión CRE ha sido un proceso positivo pues ha creado empleo e ingresos para miles de personas en Cuba. Es muy probable que un por ciento no pequeño de los más 580 mil TCP y de los más de 306 mil campesinos campesinos privados hayan estado funcionando como canales para la inversión CRE durante primaveras.

Es sostener, el “maquinación” de la inversión de cubanos residentes en el extranjero en el sector privado cubano está armado desde hace tiempo y funciona razonablemente acertadamente, a pesar de que no cuenta con respaldo permitido alguno.

¿Pudiera cambiar la ley 118 este estado de las cosas?

La ley 118 ciertamente no impide hoy, en principio, la inversión CRE en el sector estatal y cooperativo, aunque ello no ha estado ocurriendo en la maña, al menos de guisa visible.

Más importante aún, el proceso amparado por la ley 118 no parece facilitarle las cosas a los CRE que ya invierten en Cuba “por la vaco”, ni a lo que probablemente sería el nuevo inversionista promedio CRE, quizás interesado en disfrutar la ley 118, pero con predominio de un potencial de inversión bajo y mediano.

El perfil previsible de la mayoría de los inversionistas CRE pudiera encontrarse más conforme con la escalera de las PYMES privadas que todavía no han sido legalizadas en Cuba, que con los proyectos millonarios de la cartera de oportunidades que ofrece el sector estatal. No se descarta que pudieran existir CRE interesados en explorar posibilidades de inversión en proyectos de gran escalera, pero es justo esperar que estos sean una minoría en el interior del total de CRE dispuestos a cambiar en Cuba, en estos momentos.

Aquí conviene poner los pies firmemente en el ámbito: no parece suceder evidencia de que exista una especie de “club de titanes de negocios” de CRE que estuviesen presionando al gobierno cubano para cambiar en la cartera de negocios que oficialmente se ofrece a la inversión extranjera.

Por el contrario, la evidencia que existe, basada en la experiencia efectivo del “maniquí” de remesas-inversiones, apunta en un sentido desigual: los CRE que invierten hoy en Cuba, y otros CRE que estarían interesados en cambiar, encajan principalmente en el perfil de pequeños y medianos inversionistas.

El problema radica entonces en que la probable “zona” con anciano densidad de inversionistas de CRE -pequeña y mediana empresa- no encontraría cabida en plazos inmediatos en los canales de inversión regulados por la ley 118 pues, como se ha dicho, se exige que el CRE tenga que asociarse exclusivamente con una persona jurídica, es sostener, entidades estatales o cooperativas.

Suponiendo que se lograse en un plazo medio la refrendo de la empresa doméstico y que, luego, ello permitiese a los inversionistas CRE hacer negocios legales bajo la ley 118, el posible atractivo de la ley dependería de al menos dos factores.

En primer emplazamiento, que existiese una correspondencia entre el perfil de los inversionistas CRE y los proyectos priorizados oficialmente para la inversión extranjera.

Como se ha indicado antaño, esa es un radio de no coincidencia a nivel de escalas de inversión que excluiría, de entrada, a la mayoría de los inversionistas CRE. No obstante, existe la posibilidad magnífico -sujeta a determinadas condiciones- de explorar inversiones en proyectos no incluidos en la cartera de oportunidades. Eso es poco que nos lleva al segundo divisor que debe ser considerado.

El posible atractivo dependería esencialmente de poco que se conoce como el “coste de transacción”, es sostener el costo en que debe incurrir un inversionista para hacer una transacción en el mercado. Incluye costos de investigación e información, costos de negociación y de atrevimiento, y costos de vigilancia y de ejecución.

Aquí el problema radica en que el proceso de inversión extranjera en Cuba fue diseñado para inversiones grandes. Sería suficiente revisar superficialmente la cartera de inversiones para constatar esa efectividad. Los “costes de transacción” tienden a ser relativamente elevados pues se exige un “investigación integral” del plan propuesto, la observancia de indicadores de rentabilidad internacionalmente establecidos, y estudios de prefactibilidad que deben formar parte de la propuesta y expediente del negocio. El costo de todo eso puede ascender a miles de dólares que deben ser desembolsados antaño de que el inversionista hubiera recibido la más mínima indicación de que su propuesta sería aceptada o rechazada.

Todo eso pudiera estar justificado para inversiones grandes, pero para una inversión de pequeña y mediana escalera serían “costes de transacción” enormes, de muy suspensión peligro, y luego impensables de aceptar. Lo que pudiera ser “natural” para una empresa egregio es inaceptable para una pequeña inversión. Es conocido que las escalas modifican los criterios de “racionalidad” en materia de patrimonio. No habría que darle muchas vueltas a ese asunto.

En esas condiciones, es poco probable que un inversionista cubano no residente -con haber pequeño y mediano- se decida a cambiar “legalmente” bajo la ley 118, pero con un costo de transacción muy suspensión para la escalera de su negocio.

Mientras el inversionista CRE disponga de la alternativa de cambiar mediante el “maniquí” remesas- inversión, con un bajo costo de transacción en un negocio privado, ese sería el canal principal de inversión de los CRE para actividades de pequeña y mediana escalera. Particularmente cuando el hecho de poseer un status de “titularidad permitido” de su inversión no sea el incentivo principal para cambiar y para intervenir un negocio redituable.

¿Cuál debería ser la desafío oficial?

En Cuba se vive una paradoja: el radio que está legalizada y regulada por la ley 118 para poder asociarse con los CRE no ha recibido inversión conocida por parte de estos, teniendo un “impacto crematístico cero”, mientras que el radio que no está legalizada con personalidad jurídica ha recibido inversión de los CRE que no aparece como inversión extranjera, pero que ha tenido un impacto en el funcionamiento del sector privado doméstico. Ha sido precisamente este sector el principal creador de empleo neto del país y representa una importante fuente de ingresos familiares para la patrimonio doméstico.

Sin el funcionamiento del más de 1 millón de trabajadores del sector privado doméstico, las condiciones macroeconómicas actuales de Cuba serían considerablemente más frágiles. Sin el funcionamiento de un sector crematístico privado doméstico, serían mínimas las posibilidades de reubicar los cientos de miles de trabajadores que quedarían “excedentes” como resultado de un proceso de reforma de la empresa estatal que forzosamente sería conducido en un contexto de bajas tasas de inversión.

Es, aparentemente, una principios que todavía no ha sido incorporada a la logística de inversión extranjera de Cuba, la cual insiste en continuar operando con un diseño exageradamente inclinado cerca de una racionalidad sectorial que coloca en un segundo plano la racionalidad macroeconómica.

Obviamente, las políticas sectoriales son un componente importante del proceso de mejora y es natural que eso se refleje en los mecanismos para atraer inversión extranjera cerca de proyectos sectoriales priorizados, pero la transformación de la estructura sectorial no se produce en el situación de un vano macroeconómico.

¿Qué impacto a nivel colaborador -no simplemente sectorial- pudieran tener proyectos de inversión extranjera en un contexto macroeconómico de crecimiento leve e inestable y de bajos salarios?

La respuesta es obvia: muy poco o nadie.

Por esa razón, un buen emplazamiento para comenzar a pensar en la inversión de los CRE pudiera ser otorgarles a los criterios macroeconómicos la prioridad que les corresponde. Hacerlo, pudiera ser la puerta de entrada cerca de una política más pragmática de inversión de los CRE.

En un momento de fragilidad como el que experimenta hoy la patrimonio cubana la prioridad económica debe estar al nivel macro, en tanto que a nivel sectorial la necesidad es la producción doméstico de alimentos. Es imprescindible impedir una recesión, estabilizar el crecimiento, y llevarlo progresivamente a niveles superiores al 5% anual. Es incluso una prioridad sacar al país de la crisis de seguridad alimentaria en la que se encuentra. Si eso no ocurre, no se avanzará cerca de el mejora.

Habrá que hacerlo en medio de un reforzamiento del cerco crematístico de EEUU contra Cuba. No queda de otra.

Esa política pragmática de inversión debería combinar dos carriles: uno para las posibles inversiones de los CRE interesados en cambiar en escalas grandes y que serían conducidas bajo la ley 188, así como incluso para posibles inversionistas CRE de beocio escalera a quienes “les diera la cuenta” funcionar bajo la ley 188 y desearan acogerse a esta.  Aquí habría un tratamiento de inversionista extranjero para los CRE.

El segundo carril debería reclinar en amparar el “maniquí” de remesas- inversión que ha demostrado funcionar razonablemente acertadamente, aun en condiciones no favorables. La afición de inversiones en ese carril pudiera reforzarse mediante la refrendo de la empresa privada pues eso favorecería anciano rentabilidad en el sector privado. Debería prestársele distinto atención a la inversión de los CRE en el sector agropecuario. En este caso no habría penuria de dar un tratamiento de inversionista extranjero para los CRE. Formalmente, la inversión la haría una entidad privada doméstico con personalidad jurídica o una persona natural residente en el país. Si el “maniquí” de remesas- inversión funciona, ¿qué penuria hay de ponerlo en peligro?

Es sostener, no se trataría de reglamentar las empresas privadas para forzarlas a canalizar mediante ellas la inversión CRE en forma de inversión extranjera bajo la ley 118, sino de destapar ese canal sin cerrar la posibilidad de que continúe existiendo la inversión CRE originada en remesas, pero que no sea considerada como inversión extranjera.

Cualitativamente hablando, un dólar de inversión de los CRE es “tan bueno” para la patrimonio doméstico en un maniquí remesas-inversión, como pudiera serlo un dólar de inversión de CRE bajo la ley 188.

La diferencia es, como se ha trillado, que la ley 188 no ha sido concebida para el inversionista CRE promedio, y luego tendría “costes de transacción” prohibitivos.

Es difícil aceptar que un pequeño inversionista de los CRE deje “el camino” del maniquí de remesa-inversión para tomar la “vericueto” que le ofrece la ley 188.

También soy escéptico respecto a otras “veredas” que a veces han sido sugeridas como el establecimiento de bonos y/o de fondos de inversión que permitiesen al gobierno cubano centralizar los montos dispersos de inversión de numerosos CRE. Esos esquemas pudieran funcionar si existiesen mercados de títulos, poco que no es el caso en Cuba.

Un CRE que sea un inversionista pequeño y mediano no asumiría el peligro de esos vehículos de inversión principalmente con la meta de cobrar dividendos periódicos, sino para tasar activos a amplio plazo -como parte de estrategias de diversificación de carteras de inversión- y para poder obtener ganancias de haber mediante la transacción y saldo de bonos y acciones en mercados de haber. Pero esos mercados no existen hoy en Cuba, ni hay indicios de que pudieran crearse.

Reiterando, la necesidad económica del país se ubica hoy a nivel macro y de seguridad alimentaria, más que a nivel sectorial. Cualquier inversión debe ser favorecida -grandes, medianas y pequeñas- pero deben existir mecanismos diferenciados para atraerlas y para hacerlas funcionar.

El acento del debate presente no debería torcer acerca de si un CRE debe ser considerado como un inversionista extranjero. El acento debe ser colocado en cómo suministrar cualquier modalidad de inversión que desearan hacer los CRE para contribuir al crecimiento en el corto plazo y a mejorar la seguridad alimentaria mediante la inversión en el campo doméstico.

Lo que importa es que “el sagaz cace ratones”.

*Este artículo apareció originalmente en el Blog del autor elestadocomotal.com. Se reproduce con su autorización.

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