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Dueños de propiedades confiscadas en Cuba están listos para demandar


Havana Docks, decomisado en 1961 por el régimen de Fidel Castro. Foto Internet.

MIAMI, Estados Unidos.- Michael Behn y Javier Bengochea, herederos de reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba se preparan para demandar a un conjunto de compañías de cruceros, entre ellas múltiples con sede en Miami, por emplear instalaciones portuarias que fueron confiscadas a estadounidenses por el gobierno de Fidel Castro después de 1959, notificó el Nuevo Herald.

“Las voy a demandar a todas y cada una,” afirmó Bengochea en relación a las compañías de cruceros que atracan en el puerto de Santiago de Cuba, al oriente del país. La terminal primordial santiaguera y múltiples guardes fueron decomisados a su familia en octubre de 1960.

De pacto a la nota del Herald, la lista de compañías de cruceros que conforme Behn emplean las instalaciones de Havana Docks, una compañía dirigida por su abuelo que tenía 3 muelles y múltiples edificios que fueron decomisados en noviembre de 1961, incluyen 10 consorcios estadounidenses, entre ellos múltiples con sede en Miami, como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian.

Las instalaciones en la Isla son empleadas hoy día como terminal de cruceros en el puerto de La Habana, y en 2018, la administración de la terminal fue concedida a una compañía turca, Global Ports Holding (GPH).

Carnival y Norwegian no han respondido a este pleito, mas Royal Caribbean mandó un comunicado: “Estamos examinando las declaraciones recientes [de la administración de Donald Trump] para valorar su impacto en nuestros huéspedes y en nuestra compañía. Por ahora, estamos navegando por nuestros recorridos en Cuba conforme lo programado y sostendremos a nuestros huéspedes actualizados si algo cambia”.

Así mismo, una comisión del Departamento de Justicia (Foreign Claims Settlement Commission) certificó cinco,913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses por cerca de $1.9 mil millones —con un valor actual de $8.5 mil millones con intereses—. Pero de pacto con el reporte final de la Comisión, solo 817 reclamaciones tienen un valor original que supera los $50,000, un requisito en la ley Helms-Burton para poder presentar demandas.

Adicionalmente, asimismo van a poder demandar bajo el amparo de Título III los cubanoamericanos que no estaban naturalizados en el instante de perder sus recursos, mas a diferencia de los que tienen reclamaciones ya certificadas, los cubanoamericanos tendrían asimismo que probar en la corte la titularidad de la propiedad, explicó Pedro Freyre, letrado de Akerman LLP, una firma que tiene como clientes del servicio a ciertas empresas con negocios en Cuba.

Entretanto, conforme un estimado del Departamento de Estado efectuado en 1996, el número de demandas por expropiaciones a ciudadanos cubanos podría llegar a 200,000, si bien la dificultad técnica y el costo de presentar estas demandas podría reducir significativamente este número.

Hace solo una semana el Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que la administración de Donald Trump va a poner en efecto desde el próximo dos de mayo el Título III de la ley Helms-Burton, una provisión que deja presentar demandas en cortes federales para buscar compensación por propiedades que fueron confiscadas por el gobierno de Castro.

Por su parte, el gobierno cubano ya ha dicho que no responderá a ninguna demanda amparada por la ley Helms Burton y que no reconoce la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos.

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